Nuevo reglamento hará más clara la información de las tarjetas de créditos para consumidores

Las personas que contraten y que cuenten con una tarjeta de crédito contarán con información más clara, sencilla y fácil de comparar gracias al nuevo Reglamento de Tarjetas de Crédito, normativa que moderniza las reglas vigentes desde 2012 e incorpora nuevas exigencias para fortalecer la transparencia en este mercado.

El nuevo reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 75, reemplaza íntegramente la regulación vigente desde 2012 y es resultado de un trabajo desarrollado por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), a través de la Subdirección de Consumo Financiero, con el apoyo del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

El objetivo de esta nueva regulación es que las personas comprendan mejor las condiciones de su tarjeta de crédito antes de contratarla y durante toda su utilización, facilitando la comparación entre las distintas alternativas disponibles y promoviendo decisiones de consumo más informadas.

El Biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que "este nuevo reglamento marca un antes y un después para las personas que utilizan tarjetas de crédito para pagar sus compras, ya que moderniza la relación de las personas con el sistema financiero. Lo que buscamos es que un consumidor pueda mirar su tarjeta de crédito y entender, sin necesidad de ser un experto financiero, la información que está disponible".

Por su parte, la Directora Nacional (s) de SERNAC, Carolina González, explicó que "la transparencia no consiste sólo en entregar información, sino en que ésta sea comprensible y útil para las personas. Con este reglamento avanzamos hacia un estándar que permitirá conocer con mayor claridad los costos de una tarjeta de crédito y las consecuencias de las distintas alternativas de pago, contribuyendo a prevenir el sobreendeudamiento".

¿Qué cambia con el nuevo reglamento?

Uno de los principales cambios es el fortalecimiento de la información que las entidades emisoras deberán entregar antes de contratar una tarjeta de crédito. A partir de la nueva normativa, las personas recibirán antecedentes más claros y estandarizados sobre aspectos como la tasa de interés, la Carga Anual Equivalente (CAE), las comisiones, los costos por atraso, los derechos de prepago y el cierre voluntario del producto, facilitando así la comparación entre las distintas alternativas disponibles en el mercado.

Asimismo, la Hoja de Resumen tendrá un formato común para todos los emisores e incorporará simulaciones de compras que permitirán conocer cuánto podría terminar pagando una persona según el uso que haga de su tarjeta. También incluirá un desglose más claro de las comisiones, tasas de interés y gastos de cobranza, además de un glosario con conceptos financieros explicados en un lenguaje más sencillo.

Otro cambio relevante es el rediseño del estado de cuenta mensual. Este destacará el monto total a pagar y la fecha límite para hacerlo, además de incorporar advertencias que explicarán, de forma simple, el beneficio de pagar el total de la deuda, y las consecuencias de pagar el monto mínimo o una cantidad inferior, entregando más herramientas para prevenir el sobreendeudamiento.

Cabe destacar que el nuevo Reglamento incorpora otras modificaciones destinadas a robustecer la transparencia, los que buscan proteger de forma integral los derechos de los consumidores en todas las etapas de la relación financiera.

Entrada en vigencia

La actualización del reglamento fue publicada este 6 de agosto en el Diario Oficial, por lo que conforme al artículo primero transitorio, el reglamento entrará en vigencia tras el transcurso de dieciocho meses, plazo destinado a que los emisores adecuen sus contratos, cotizaciones, hojas de resumen, estados de cuenta, plataformas digitales y demás sistemas a las nuevas exigencias.

Por su parte, el SERNAC monitoreará la correcta implementación de este reglamento mediante sus facultades para velar por el cumplimiento de los derechos de los consumidores.