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Con la entrada en vigencia de la nueva ley, se establecen importantes desincentivos para que las empresas que la infrinjan, como multas más altas y procesos judiciales más cortos.

El objetivo es generar un cambio cultural en la empresa, que parte por reconocer que el consumidor debe ir al centro, y los procesos internos, tienen que diseñarse en función del respeto a sus derechos.