Tarapacá: SERNAC denunció a Altamar Propiedades ante el Ministerio Público

El SERNAC de Tarapacá denunció a Altamar Propiedades ante el Ministerio Público, para que, en el marco de sus facultades, investigue penalmente por un eventual delito de estafa y apropiación indebida.

El Servicio adoptó esta decisión tras recibir durante este año 8 reclamos de consumidores que indican que la empresa cerró sus puertas sin prestarles el servicio ni tampoco les devolvió el dinero pagado. Los reclamos gestionados por el SERNAC tampoco fueron respondidos por la empresa.

Según el relato y los antecedentes proporcionados por los propios consumidores, el modelo de negocio de la compañía era la gestión inmobiliaria para acceder a créditos hipotecarios.

Altamar Propiedades ofrecía a los consumidores buscar una entidad financiera para el otorgamiento de un crédito hipotecario, cobrando un pago por gastos operacionales para la supuesta realización por un monto de 26 Unidades de Fomento (cerca de $930 mil pesos).

Según lo descrito por los consumidores afectados, luego de enviar la información requerida y realizado el pago, la empresa cerró sus canales de atención, no contestó correos electrónicos, teléfonos, ni tampoco se encontraban en la oficina comercial ubicada en calle Lynch 933, comuna de Iquique.

De esta manera, los consumidores que han presentado los reclamos dan cuenta de incumplimientos y engaños por parte de la empresa, quien no devolvió los dineros y desapareció sin dar respuesta.

El Director (S) del SERNAC, Rodrigo Cortés, señaló que "el Servicio tras analizar los reclamos y el comportamiento de esta supuesta empresa, llegó a la convicción que la conducta irregular y repetitiva podría implicar un eventual delito. Acá se ha afectado gravemente a familias que veían en esta inversión la posibilidad de cumplir con el anhelo de la casa propia y que hoy ese sueño se ve frustrado".

Convenio con Ministerio Público

El SERNAC y el Ministerio Público mantienen un convenio de colaboración, cuyo propósito es realizar diversas acciones tendientes a dar mayor protección a los consumidores ante empresas que tengan eventuales conductas fraudulentas o que pudieran realizar acciones constitutivas de delito.