Ripley indemniza a consumidora por cobros indebidos

Todo comenzó cuando la afectada, Emilia Silva, de 74 años de edad, recibe su estado de cuenta de su tarjeta Ripley, percatándose que le aparecía un monto a pagar de $242.185 por unos pagos realizados a través de la página Web de Servipag.

Al mirar el detalle, se dio cuenta que se le estaban cargando a su línea de crédito cerca de $140 mil por un pago hecho a una compañía eléctrica y casi $100 mil más por pagos de servicios telefónicos.

Lo más raro de todo es que la consumidora nunca había habilitado su clave de Internet para hacer este tipo de transacciones, y siempre sus cuentas de servicios las ha pagado en forma presencial.

Otro dato inexplicable era que el pago por el servicio de electricidad ni siquiera fue realizado a la compañía de la región donde vive la consumidora afectada, sino que a una empresa eléctrica de otra ciudad del país.

Tras reclamar a Ripley, le indicaron que ella debía asumir la deuda, pues la empresa no era responsable.

Al sentir que sus derechos habían sido vulnerados, la consumidora recurrió al SERNAC, organismo que pese a realizar mediación, no obtuvo respuesta por parte de la empresa, por lo que decidió exigir sus derechos ante la justicia, denunciando el hecho ante el Primer Juzgado de Policía Local de Valdivia.

En el Juicio

En el juicio, Ripley se defendió señalando que la empresa cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias. Explicó que para hacer una transacción por Internet se requiere de una clave que sólo conoce el titular, además de un código de seguridad impreso en la tarjeta de crédito que es de uso y responsabilidad personal de cada persona, por lo que este pago no pudo haber sido realizado por un tercero.

Sin embargo, tras analizar los antecedentes, el tribunal señaló que Ripley infringió la ley del Consumidor ya que "en la prestación del servicio de custodia y en la administración de la tarjeta de crédito la empresa obró con negligencia debido a la mala calidad del servicio, cobrando obligaciones inexistentes o no acreditadas legalmente", argumentando que la consumidora no firmó ningún documento que respaldara la justificación del mencionado cobro.

Finalmente, la tienda Ripley fue condenada al pago de una indemnización de $392.185 a la consumidora por los daños sufridos tras estos cobros injustificados. Además el tribunal multó a la tienda al pago de una multa de 3 U.T.M. (cerca de $115 mil) por haber infringido la Ley del Consumidor.

Este fallo confirma que los consumidores tienen derecho a las cuentas claras y cobros justos. Esto significa que, deben pagar por el servicio efectivamente prestado o los productos adquiridos.

Si existe un error en los cobros, las empresas deben realizar las devoluciones y las reparaciones que correspondan a todos los consumidores afectados por la misma situación.

Asimismo, las empresas deben tomar todas las medidas para que los consumidores nos sean víctimas de fraudes, y responder si no es así, informando además a sus clientes de la forma de prevenir estos hechos.

Los consumidores tienen derecho a exigir las sanciones e indemnizaciones que correspondan cuando las empresas no respetan sus derechos.