El cartel: "no se responde por robos" no vale

Un fallo contra un estacionamiento privado marca un importante precedente legal que confirma la responsabilidad de estas empresas ante el robo o daño de los vehículos que custodian.

{foto2}Orlando dejó confiado su auto en un estacionamiento subterráneo del centro. ¿Qué le iba a pasar si había pagado los $1.800 de tarifa para que estuviera en un lugar seguro y no en la calle? Pero al retirarlo se dio cuenta que alguien había forzado la chapa de la puerta y se llevó como botín su radio, documentos, una agenda electrónica y una maleta.

Cuando reclamó, la empresa se limitó a mostrarle los letreros que indicaban claramente que no se hacían responsables por daños o hurtos dentro del establecimiento.

No conforme con la respuesta, Orlando decidió recurrir a SERNAC, organismo que tras una mediación infructuosa, decidió denunciar a la empresa a la justicia para defender los derechos del consumidor.

Durante el proceso, la concesionaria del estacionamiento mantuvo su postura de no tener responsabilidad alguna en los hechos y que los procedimientos que realizaron fueron los adecuados y los exigidos por el municipio conforme al contrato de concesión.

Asimismo, agregó que el afectado fue negligente al dejar sus cosas en el auto y reiteró la existencia de carteles que informan al público que la empresa no se hace responsables por daños, hurtos o accidentes dentro del local.

Pero el juez no estuvo de acuerdo porque cuando los consumidores ingresan con sus vehículos a un estacionamiento de este tipo, están celebrando un contrato de adhesión que se entiende firmado por el sólo hecho de retirar el vale o comprobante. Por lo tanto, los famosos cartelitos de "no se responde por robos" o cualquier cláusula que limite la responsabilidad de la empresa, no son válidos ni causan efecto alguno (artículo 16 ley del consumidor referido a los contratos).

Por otra parte, se entiende que la empresa es profesional en la prestación del servicio de estacionamientos por el que el consumidor paga un precio o tarifa. Esta prestación por su naturaleza, tiene que comprender el resguardo de los vehículos frente a la acción de terceros.

Con esos argumentos, el tribunal estimó que la empresa, cometió infracción por la falta de cuidado y negligencia en la prestación del servicio porque las medidas de seguridad no fueron suficientes o eficaces para impedir los delitos. De nada sirve tener cámaras de seguridad si no existe alguna persona que esté revisando las imágenes para adoptar medidas oportunas e inmediatas en caso de algún ilícito.

Por todo ello, el tribunal condenó a la empresa en segunda instancia al pago de 5 UTM (más de $160 mil).

Esta sentencia marca un importante precedente legal, pues el tribunal reconoce lo establecido en la ley del consumidor en cuanto a que las empresas cometen infracción cuando son negligentes en la prestación del servicio (artículo 23).

Asimismo, reconoce que el pago por un estacionamiento es un contrato de adhesión y que por lo tanto los consumidores tienen derecho al resguardo de sus vehículos y los cartelitos o cláusulas en las que la empresa se desliga de responsabilidad no son legales.

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