Fiscalía Administrativa

Jefa de Fiscalía Administrativa: Leslie Meléndez del Valle.

Las responsabilidades de la Fiscalía son:​

• Asesorar estratégicamente al Director Nacional, proponiendo acciones y decisiones que consideren el cumplimiento del marco legal y conforme a los lineamientos jurídicos administrativos vigentes.
  Definir los lineamientos jurídico-administrativos del Servicio.
• Proveer al Servicio de pronunciamientos jurídicos administrativos.
• Ejercer el control de legalidad de los actos administrativos y contratos del Servicio, así como de las conductas funcionarias, considerando tanto la Ley N° 19.496), como la Ley N° 20.285, Ley N° 18.575, Ley N° 18.834, Ley N° 19.628, Ley N° 19.880, Ley N° 20.730 y demás normas y/o dictámenes administrativos y procedimientos, manuales y/o instrucciones establecidos internamente.
• Gestionar, controlar y hacer seguimiento a juicios, gestiones administrativas y denuncias del Servicio, distintas a las derivadas por incumplimientos a la Ley N° 19.496.
• Controlar de manera centralizada la gestión de sumarios administrativos e investigaciones sumarias a nivel institucional. Hacer el seguimiento y llevar registro de éstos.
• Asesorar al Servicio en materias jurídicas administrativas.
• Participar proactivamente en el proceso de gestión documental y de transformación digital del Servicio
• Gestionar, controlar y hacer seguimiento del proceso de transparencia activa, derecho de acceso a la información pública y Lobby. Esto comprende: asegurar el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley N° 20.285 sobre transparencia activa y acceso a la información pública, velando por la oportuna publicación en el portal de transparencia de la información correspondiente al Servicio requerida por dicha norma; asegurar el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley N° 20.285 sobre transparencia y acceso a la información pública, recibiendo, registrando, procesando, derivando y dando respuesta, en tiempo y forma, a las solicitudes de acceso a la información pública efectuadas al Servicio, y asegurar el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley N° 20.730 que regula el lobby y la gestión de intereses particulares.